Entre todos los elementos que se conjugaron para la apretada
victoria de Mauricio Macri se destacó su endeble pero eficaz discurso: frases
generales sobre la unión de todos los argentinos, unión necesaria para
construir el país que todos soñamos, donde cada uno, vos, vos y vos, pueden
hacer su parte porque unidos somos más, porque unidos somos más. Un discurso cándido-conciliador
donde el candidato del capital capturaba retazos de ideologías irreconciliables
y de biografías políticas quebradas para fundirlas en una masilla pedagógica
que lo ungía como alumno ejemplar: aprendí del peronismo, aprendí del
socialismo, aprendí del radicalismo, aprendí del sindicalismo... Termina en una
escena del teatro del absurdo, inaugurando en una plaza una estatua de Perón con
otras figuras perdidas del peor peronismo: discursos vacíos pero cargados de efectos
políticos, porque con esta estrategia de collage ideológico se atribuía al
oficialismo la responsabilidad por la desunión, por la crispación, por la
confrontación que hoy divide a los argentinos. Macri presentado como la vuelta
a la serenidad, al equilibrio y al diálogo que perdió el actual gobierno parece
haber triunfado como la mejor mentira de esta campaña sobre el electorado
conservador.
La idea de un gobierno en permanente estado de intolerancia es
una idea peligrosa porque en última instancia amenaza con la pérdida de la
unión nacional. Y sobre esto hay que reflexionar; no se trata de exageración retórica. Cuando se habla del proyecto
nacional y popular, nos concentramos más en el carácter redistributivista de
las políticas sociales, que resulta natural en función de la violenta regresión
social que padecemos desde la dictadura militar, y relegamos el otro término,
nacional, para referirnos al conjunto de políticas neodesarrollistas y
reindustrializadoras. Pero lo nacional merece más atención porque es, en definitiva,
lo que está amenazado como identidad colectiva; debemos comprender las formas
concretas que adopta hoy esta amenaza.
La estrategia se repite: todos los gobiernos populares
latinoamericanos son sistemáticamente atacados por intolerantes y
confrontacionistas. Los clivajes varían pero son el mismo: chavistas y
antichavistas, petistas y antipetistas, kirchneristas y antikirchneristas, y
así también en la Bolivia de Evo, en el Ecuador de Correa y así fue también en
el Paraguay de Lugo antes del golpe de Estado que sufrió. Acusar repetidamente
a estos gobiernos de fomentar la desunión nacional, agitar a la población con
esta acusación y estimular la indignación es obviamente un intento de
deslegitimación y bloqueo de condiciones gobernabilidad: una estrategia
destituyente. El objetivo es el reencuadramiento de los gobiernos populares
latinoamericanos dentro de la estrategia de recomposición hegemónica
estadounidense para la región. Venezuela es el país donde más ha avanzado dicha
estrategia, buscando colapsar el sistema político y poniendo en riesgo la
propia unidad nacional a través de una escalada de tensiones, conflictos y llegando
a provocar muertes en enfrentamientos entre defensores del gobierno chavista y
opositores.
Es importante comprender que no se trata de una política
aislada sino, al contrario, constituye la
estrategia mayor del imperio americano hoy en diversas regiones del mundo: la
dominación no se garantizaría más a través de la imposición de un gobierno
títere que mantiene la unidad nacional por vía autoritaria, sino paralizando un
gobierno, colapsando el Estado, destruyendo su infraestructura y hudiendo ese
país en una guerra civil.
Ucrania es caso ejemplar: con el objetivo de aumentar la
esfera de influencia de las potencias occidentales sobre países y regiones que tradicionalmente estuvieron bajo
influencia rusa, se explotó la profunda escisión del pueblo ucraniano entre Europa
y el mundo eslavo, desgarrando ese país y hundiéndolo en una terrible guerra
civil. A fines de 2013, el entonces presidente Viktor Yanukovich desiste de
firmar un acuerdo con la UE luego de recibir otra propuesta mejor del gobierno
ruso, preocupado éste último con la influencia que las potencias occidentales
tendrían sobre el país. En ese momento se activa la ofensiva occidental:
sorpresivas manifestaciones callejeras, disturbios y protestas (las llamadas
manifestaciones de la Plaza Maidán, en el centro de Kiev) contra el presidente
ucraniano forzaron su caída y una junta provisional compuesta por grupos
ultranacionalistas y neonazis llama a elecciones, que gana Petro Proroshenko, en
diciembre de ese mismo año, quien en 2014 firma el acuerdo con la UE y amenaza
entrar a la OTAN. Inmediatamente se despliega una ofensiva contra las regiones
pro-rusas de Ucrania oriental, que resisten y pasan a recibir ayuda humanitaria
de la Federación rusa. El país queda irremediablemente fracturado, y las
regiones orientales de Donetsk y Lugansk resisten mientras se acumulan los muertos
de uno y otro lado. Un acuerdo del nuevo gobierno ucraniano con la OTAN sería inadmisible para Rusia, pues
significaría la posibilidad de instalación de bases militares y de misiles a
las puertas de la Federación Rusa, que podría ser considerado el gran objetivo geoestratégico
de las potencias occidentales en su intento de acorralar una Rusia que renace como
un actor importante del sistema internacional bajo el gobierno de Putin:
promover los conflictos, enfrentar naciones, envolver a Rusia
en conflictos locales e interrumpir su reconstrucción como potencia. El medio para alcanzar este objetivo? Hundir en la guerra civil a todo un país.
Medio Oriente también demuestra que el proyecto estadounidense
de reconfigurar toda la región promueve la desintegración nacional de varios
países, cuyas poblaciones civiles inocentes sufren el colapso de sus Estados y
sus infraestructuras, rodeados de guerras con múltiples frentes de batalla y la
generalización del caos, como demuestran los casos de Irak, Libia, Siria, que
actualizan de manera trágica el viejo lema de dividir para reinar.
Un escenario semejante podría emergir como amenaza potencial
para ciertos países latinoamericanos. La constante referencia de los medios
opositores a una supuesta “grieta” y a un estado de permanente “crispación” social
(ambas expresiones aparecen recurrentemente en las empresas del Grupo
Clarín) que habría sabido crear el intolerante y siempre confrontativo krichnerismo significa poner a circular la idea de división nacional, una
estrategia comunicacional que busca horadar la legitimidad del gobierno popular.
La hábil planificación de manifestaciones “autoconvocadas”, las constantes
operaciones mediáticas y denuncias cotidianas redactadas enteramente en
potencial que se demuestran falsas estimulan la indignación moral y la
irritabilidad social resultando en la creación de climas artificiales de
descontrol, sensación de desgobierno y corrupción generalizada. Como ya se sabe, las grandes corporaciones mediáticas
asumen el lugar de los partidos de oposición, cumpliendo la función de
organizar los intereses económicos dominantes fuera de la esfera
político-institucional con el objetivo de inviabilizar al gobierno, paralizando
al Estado y sus políticas, operando desde la división social que promueve su
discurso mediático de odio e intolerancia.
En última instancia, lo que buscan es provocar una crisis
terminal, interrumpiendo el mandato presidencial. Desalojar del poder al
gobierno democrático y popular por medio de la división nacional. Pero el concepto de crisis terminal debe ser analizado
en estrecha relación con el de ajuste como promesa de rectificación económica.
Esta es la lógica de la gestión neoliberal del capitalismo contemporáneo: una
grave crisis económica es comprobadamente la mejor manera de justificar un
ajuste regresivo; una crisis es una oportunidad más para que el capital lucre: políticas de ajuste necesitan de una crisis que las legitime
como medida de excepción, dispositivo de disciplinamiento social alimentado por
el terror económico al desempleo y al hambre generado por la propia crisis.
La experiencia brasilera de 2015 es un caso ejemplar: durante
la agresiva campaña presidencial que sufrió la candidata del Partidos dos
Trabalhadores, Dilma Rousseff, uno de los objetivos de la oposición y de los medios
dominantes fue la de crear la sensación de que la economía brasilera estaba en
crisis, al borde del abismo, lo que la situación macroeconómica de fines de
2014 de ninguna manera corroboraba. Mas consiguieron invertir las expectativas
de los agentes económicos. La candidata Dilma Rousseff fue elegida para un
segundo mandato y en función de ciertos desequilibrios que acumulaba la
economía brasilera, decidió implementar las correcciones necesarias. Pero
nombró como ministro de Economía a Joaquim Levy, un economista ortodoxo, formado
en Chicago, que era asesor de Arminio Fraga, que era considerado el probable
futuro ministro de Economía del candidato derrotado de la derecha, Aecio Neves.
El ministro Levy establece como objetivo la necesidad de obtener equilibrio fiscal,
para lo cual empieza a implementar un duro ajuste en el gasto público, mientras
aumenta simultáneamente la tasa de interés de referencia de la economía (tasa
Selic), cóctel que en poco tiempo transforma lo que era una economía de bajo
crecimiento en una economía en recesión profunda. Así, las políticas de ajuste
neoliberales crearon lo que hoy es una grave crisis económica, que en los
medios dominantes ya justifica más políticas de ajuste regresivo para
enfrentarla. Está terminado el círculo vicioso del ajuste neoliberal: el
neoliberalismo, encarnado en el ministro Levy y acompañado por las grandes
empresas mediáticas, crearon una grave crisis económica (que podría haber sido
enfrentada con otras políticas contracíclicas no regresivas) que ahora exige un
duro ajuste fiscal, lo que agrava la crisis que a su vez exigirá nuevas
políticas de ajuste. Así se crea un estado permanente de ajuste que termina
previsiblemente en una crisis final, como la que sufrió la economía argentina
en 2001. Crisis terminal que se acerca peligrosamente de estallidos sociales y
amenazas de disolución nacional.
Así, durante la campaña de Mauricio Macri, es un error creer
que sus economistas pecaban de imprudentes cuando avisaban que iban a
implementar una megadevaluación del peso mientras afirmaban que las reservas en
el BCRA estaban agotadas; al contrario, querían precisamente provocar una crisis económica
que, como ya dijimos, justificaría medidas de ajuste regresivo y desmontaría el
modelo distributivista del gobierno popular de Cristina Kirchner. Mejor aún si la crisis le hubiera estallado en las manos a la Presidenta Cristina, antes
del 10 de diciembre, cuando asume el nuevo presidente, lo que los eximiría del
costo político de las medidas de ajuste, presentadas, como es de rigor, como inevitables.
El inicio de un nuevo ciclo neoliberal en la
Argentina y las estrategias concretas de resistencia contra su consolidación por toda América Latina dependerá entonces de: 1. cómo enfrentar la
estrategia de recomposición hegemónica estadounidense en América Latina que promueve el encuadramiento de los países de la región con gobiernos populares a través de la profundización de la división nacional, como en el caso de Venezuela, arriesgando provocar una guerra
civil para lograr imponer un gobierno subordinado, situación que podría ser reproducible en otros países de la región, donde ya existen grupos neofascistas pidiendo el regreso de gobiernos militares y las clases medias exigen procesos de juicio político contra las autoridades; 2. cómo enfrentar la gestión neoliberal de la economía, que fabrica crisis para después justificar recetas de ajuste regresivo que adquieren carácter permanente, llevando al disciplinamiento social por medio del terror económico, que conduce inevitablemente a crisis
económicas terminales como la crisis argentina del 2001; y 3. cómo enfrentar a las grandes empresas de medios de comunicación que alimentan la división nacional para agotar e inviabilizar a los
gobiernos populares en el poder o debilitar toda oposición a las políticas
neoliberales que vayan a implementar gobiernos como el de Mauricio Macri en
Argentina.
La resistencia a un nuevo ciclo neoliberal en Argentina o
tal vez en la región significará oponerse a un poder que parece jugar con la
profundización política, económica y mediática de la división nacional que ellos atribuyen al campo popular para
imponer sus políticas, porque ella justificaría medidas represivas (que las
leyes antiterrorismo ya anuncian en
varios países de la región) que llevarían de hecho a un nuevo autoritarismo que
es el que exige un neoliberalismo cada vez más cansado del orden democrático
y sus derechos.
Mariano Sánchez
